MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. — Con el fin de frenar los cobros indebidos y la negativa injustificada de entregar títulos profesionales a egresados de instituciones privadas, la diputada Maythé Méndez Vélez presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado de Baja California para sancionar a los planteles que incurran en estas prácticas.
La propuesta presentada por la legisladora del partido Morena busca modificar la fracción XXVI del artículo 126 de la ley estatal, estableciendo como causa de infracción la omisión o retraso en la gestión de certificados, constancias, diplomas y títulos, así como condicionar su entrega a pagos de contraprestaciones no autorizadas en los planes de estudio.
La iniciativa contempla sanciones económicas que van de 1,000 a 7,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que representa multas aproximadas de 117 mil a 821 mil pesos, calculadas con base en el valor vigente de la UMA para 2026.
Sustento legal y panorama en el estado
En Baja California operan cerca de 60 instituciones privadas de educación superior con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE). No obstante, la legisladora indicó que diversos egresados han tenido que recurrir al juicio de amparo tras enfrentar la negativa o postergación de sus trámites académicos por parte de sus escuelas.
Para fundamentar la reforma, Méndez Vélez citó el criterio jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el cual determina que las universidades privadas se equiparan a una autoridad cuando retienen o se niegan a tramitar la titulación de un estudiante que cumplió con sus requisitos académicos.
"Quienes concluyen una carrera y cumplen con los requisitos académicos deben contar con la posibilidad de obtener su título profesional, sin enfrentar obstáculos injustificados por parte de la institución educativa. La titulación es una etapa fundamental para acreditar su preparación y continuar con su desarrollo profesional", enfatizó la congresista.
La propuesta legislativa fue enviada a la Comisión de Educación, Humanidades, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado para su posterior análisis y dictaminación.